El abogado Kim Yong-dae, de Hanbyol Law LLC, ha declarado que los funcionarios públicos también pueden solicitar la reorganización personal y que no sufrirán perjuicios laborales por este motivo. La reorganización personal es un sistema de reestructuración de la deuda garantizado por la ley, por lo que el hecho de ser funcionario no supone ninguna restricción a la hora de solicitarla ni causa obstáculos en el desempeño de sus funciones.

El Sr. A, protagonista del artículo, es un funcionario de unos 50 años que ha contraído una deuda de 300 millones de wones debido a pérdidas en inversiones bursátiles; sus bienes, como las acciones que posee (150 millones de wones) y su familia, así como el número de personas a su cargo, son variables clave para el cálculo del importe de la cuota de amortización. Las deudas derivadas de la inversión en acciones también pueden ser objeto de la reestructuración personal si se justifica el propósito de la inversión, y el tribunal evalúa de forma global las circunstancias de la inversión, el importe y su proporción respecto a la deuda total. No obstante, se mencionó que, en el caso de departamentos sensibles relacionados con la seguridad, los recursos humanos, la auditoría o las finanzas, existe la posibilidad de que se produzcan algunas repercusiones, como traslados de personal.